1. Permite que las juntas locales administren la distribución del agua durante 50 años sin que las comunidades paguen por su uso.
2. Establece tres usos primordiales para el agua: el consumo humano, el uso doméstico y el riego para los cultivos de subsistencia.
3. Obliga a las empresas o instituciones a darle tratamiento, a las aguas sucias que generan, lo que permitiría reducir la contaminación de ríos y mantos acuíferos y mejorar la pureza del agua que tomamos.
4. Fortalece la gestión pública, es decir, le da poder al estado para que garantice  el derecho al agua. El Ministerio de Medio Ambiente y recursos naturales (MARN) garantizaría la gestión equitativa y sustentable del agua.
5. Establece un cobro por volumen de consumo y de utilidad del agua en las actividades industriales, agroindustriales y comerciales, por lo que el Estado tendría más recursos para invertir en la protección y recuperación de cuencas y así enfrentar mejor las inundaciones y sequías.
6. Con esta ley, el MARN y los organismos de gestión de Cuencas Hidrográficas serían responsables de prevenir y manejar los conflictos por el agua debido a los abusos de muchas grandes empresas y consumidores ricos.

Fuente: Equipo Maiz