Este 04 de abril de 2013, entra en vigencia La Ley de Medicamentos. Esta Ley que propiciará un respiro al bolsillo de las y los salvadoreños que pagábamos por nuestras medicinas más del 100% del su costo real, siendo el país de Centroamérica con las medicinas más caras.

A partir de esta fecha los precios de dos mil productos disminuirán entre el 35% y 60% y otros dos mil bajarán sus precios paulatinamente en el próximo mes. Eso significa que la aplicación de esta Ley traerá consigo beneficios económicos evidentes para las y los consumidores, pero ¿por qué si traerá un beneficio a las mayorías, el sector empresarial dedicado a las medicinas y farmacias, así como los bloques de poder de siempre se oponen a esta Ley?

Las oposiciones a esta ley provienen de un bloque que se ha beneficiado en las últimas décadas de la comercialización de las medicinas en el país: Las droguerías propiedad de empresarios como Alfredo Cristiani, quien controla la comercialización de posiblemente el 50% de las medicinas en el país y Miguel Lacayo en asocio con otros políticos de la derecha, con otro porcentaje importante, entre otros.

Estos empresarios a través de ARENA siguen poniendo obstáculos a la implementación de esta importante ley por considerar que no debe haber regulación. Por tanto FUNSALPRODESE como defensora y promotora de los derechos a favor de las mayorías considera:

• Que la Ley de medicamentos que entra en vigencia a partir de este día será un alivio a la economía de la mayoría de las familias, especialmente para aquellas personas con dolencias o enfermedades crónicas.
• La Corte Suprema de Justicia no debe declarar inconstitucional esta Ley porque privaría de un gran beneficio al pueblo salvadoreño y colocar en el centro el artículo 102 de la Constitución de la República, en el sentido de que debe primar el interés social y no el de un grupo económico.
• Debemos alertar a la población que estos grupos pretenden provocar caos, pretendiendo provocar un desabastecimiento para proclamar un falso fracaso de la Ley y poder invalidarla.

San Salvador, 4 de abril de 2013.