Posicionamiento de FUNSALPRODESE ante La Ley de Medicamentos

Este 04 de abril de 2013, entra en vigencia La Ley de Medicamentos. Esta Ley que propiciará un respiro al bolsillo de las y los salvadoreños que pagábamos por nuestras medicinas más del 100% del su costo real, siendo el país de Centroamérica con las medicinas más caras.

A partir de esta fecha los precios de dos mil productos disminuirán entre el 35% y 60% y otros dos mil bajarán sus precios paulatinamente en el próximo mes. Eso significa que la aplicación de esta Ley traerá consigo beneficios económicos evidentes para las y los consumidores, pero ¿por qué si traerá un beneficio a las mayorías, el sector empresarial dedicado a las medicinas y farmacias, así como los bloques de poder de siempre se oponen a esta Ley?

Las oposiciones a esta ley provienen de un bloque que se ha beneficiado en las últimas décadas de la comercialización de las medicinas en el país: Las droguerías propiedad de empresarios como Alfredo Cristiani, quien controla la comercialización de posiblemente el 50% de las medicinas en el país y Miguel Lacayo en asocio con otros políticos de la derecha, con otro porcentaje importante, entre otros.

Estos empresarios a través de ARENA siguen poniendo obstáculos a la implementación de esta importante ley por considerar que no debe haber regulación. Por tanto FUNSALPRODESE como defensora y promotora de los derechos a favor de las mayorías considera:

• Que la Ley de medicamentos que entra en vigencia a partir de este día será un alivio a la economía de la mayoría de las familias, especialmente para aquellas personas con dolencias o enfermedades crónicas.
• La Corte Suprema de Justicia no debe declarar inconstitucional esta Ley porque privaría de un gran beneficio al pueblo salvadoreño y colocar en el centro el artículo 102 de la Constitución de la República, en el sentido de que debe primar el interés social y no el de un grupo económico.
• Debemos alertar a la población que estos grupos pretenden provocar caos, pretendiendo provocar un desabastecimiento para proclamar un falso fracaso de la Ley y poder invalidarla.

San Salvador, 4 de abril de 2013.